En el marco del trabajo parlamentario iniciado en la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur bajo la Resolución N.º 131/26, la Comisión Investigadora avanza en la determinación de las responsabilidades políticas, institucionales y administrativas de funcionarios provinciales y nacionales implicados en la autorización y permanencia del radar dual (civil-militar) de la empresa LeoLabs Argentina S.R.L. en Tolhuin.
La conformación de este ámbito legislativo tuvo su antecedente directo en la entrega de más de 10.000 firmas recolectadas por la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina en diciembre de 2023 ante el parlamento provincial y la Fiscalía de Estado.
Hasta la fecha, el proceso ha permitido publicar más de 7.000 fojas de documentación oficial probatoria en el portal institucional de la Legislatura provincial. En paralelo, se presentó la obra y compendio documental “RADAR BRITÁNICO EN TIERRA DEL FUEGO: Apuntes necesarios para una Comisión Investigadora”, coordinada por Luciano R. Moreno Calderón —fundador de la Unión Malvinizadora Argentina y director del portal Pal’Sur—, que selecciona y organiza 36 piezas documentales clave (factibilidades eléctricas, actas de la IGJ, permisos ambientales e informes de Defensa y la CONAE) procesadas entre 2021 y 2026.
Testimonios calificados y ausencias notificadas
Durante las audiencias públicas registradas por el cuerpo legislativo, comparecieron diversos actores del ámbito judicial, municipal, parlamentario y técnico:
- Dr. Gustavo González (Juez provincial): Expuso los alcances de la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de inscripción y disolución societaria de LeoLabs Argentina S.R.L..
- Daniel Harrington: Intendente de la localidad de Tolhuin.
- Pablo Blanco: Exsenador nacional.
- Moisés Solorza: Exsecretario de Energía de la provincia durante el período inicial de instalación.
- Legisladores y veteranos: Prestaron declaración legisladores de diversos bloques (Pablo Villegas, Natalia Gracianía, Laura Colazo, Matías Lapadula, Raúl Von Der Thusen) y los excombatientes de Malvinas Juan Carlos Parodi y Daniel Guzmán.
A pesar de los testimonios registrados, se remarcaron dos ausencias consideradas centrales en el origen de las autorizaciones:
- Eduardo Mancini: Exdirector de Energía provincial al momento de tramitarse las primeras factibilidades eléctricas para energizar la estación.
- Luis Hormechea: Asesor externo de la firma LeoLabs y gestor privado de los trámites, quien en simultáneo ejercía como asesor gubernamental provincial.
Asimismo, el listado de citaciones pendientes y personas bajo análisis abarca a funcionarios provinciales —Andrés Dachary (Secretario de Malvinas), Sonia Castiglione (Secretaría de Ambiente), Carolina Lavori, Agustín Tita y Adriana Chapperón— y a exautoridades nacionales, entre ellas Jorge Taiana (Defensa), el Gral. Martín Paleo (Estado Mayor Conjunto), Santiago Cafiero (Cancillería), Juan Manzur, Mariano Lombardi y personal de la CONAE.
Alcance del dictamen y proyecciones penales
Aunque las conclusiones de la Comisión Investigadora parlamentaria se acotan a fijar responsabilidades administrativas y políticas, la totalidad del cuerpo de pruebas reunido servirá como insumo para respaldar querellas ante el Poder Judicial.
Al respecto, Juan Carlos Parodi anticipó que el Centro de Veteranos de Guerra de Ushuaia, el Centro de Río Grande y la Confederación de Combatientes que agrupa a centros de 19 provincias analizan las actuaciones para interponer las denuncias penales correspondientes ante los tribunales provinciales y federales una vez emitido el dictamen legislativo final.
1. Lo que aportaron los testimonios presentados
Las declaraciones registradas hasta el momento ante la Comisión Investigadora permitieron reconstruir el entramado institucional del caso:
- Dr. Gustavo González (Juez Provincial): Expuso los fundamentos y alcances de su fallo de primera instancia que declaró la nulidad de inscripción y la disolución de la firma LeoLabs Argentina S.R.L., advirtiendo que el proceso judicial continúa en trámite.
- Daniel Harrington (Intendente de Tolhuin): Declaró respecto a las actuaciones, permisos y conocimiento del municipio sobre la radicación de la antena en su jurisdicción.
- Pablo Blanco (Exsenador Nacional): Aportó su testimonio sobre las gestiones y el conocimiento del proyecto en el ámbito de la política nacional.
- Moisés Solorza (Exsecretario de Energía Provincial): Detalló los procedimientos y la tramitación de servicios energéticos durante la etapa de instalación del dispositivo.
- Veteranos de Guerra y Legisladores: Representantes del Centro de Excombatientes de Ushuaia como Juan Carlos Parodi y el periodista Daniel Guzmán señalaron la necesidad de esclarecer qué actuaciones derivaron en la vulneración de la soberanía. Paralelamente, legisladores de diversos bloques evalúan el grado de responsabilidad por acción u omisión en la seguridad regional.
2. A quiénes se señala y quiénes están en la mira de la investigación
El expediente legislativo y las intervenciones periodísticas diferencian entre los citados que no concurrieron y los funcionarios que deben dar explicaciones:
Ausencias señaladas como centrales:
- Eduardo Mancini: Exdirector de Energía de la provincia al momento de gestionarse los primeros permisos de factibilidad eléctrica para alimentar el radar.
- Luis Hormechea: Asesor externo de la empresa LeoLabs y gestor de tramitaciones, quien a su vez se desempeñó como asesor gubernamental provincial.
Exfuncionarios y autoridades que deben comparecer:
- Órbita Provincial: Se analiza la actuación de Andrés Dachary (Secretario de Malvinas), Sonia Castiglione (Secretaría de Ambiente), Carolina Lavori (Secretaría de Asuntos Geopolíticos), Agustín Tita (exjefe de Gabinete provincial) y Adriana Chapperón (exministra de Justicia), así como la responsabilidad política e institucional de la gestión del gobernador Gustavo Melella.
- Órbita Nacional: Se enfoca la atención en las decisiones tomadas durante la gestión de Alberto Fernández, citando a Jorge Taiana (exministro de Defensa), el Gral. Martín Paleo (exjefe del Estado Mayor Conjunto), Santiago Cafiero (excanciller), Juan Manzur (exjefe de Gabinete), Mariano Lombardi (exsubsecretario de Telecomunicaciones) y personal técnico de la CONAE.
3. Alcance de las responsabilidades: del plano político al penal
La labor parlamentaria fija responsabilidades administrativas y políticas mediante su dictamen final. Sin embargo, la acumulación de las testimoniales y de más de 7.000 fojas probatorias busca ser utilizada como sustento probatorio ante el Poder Judicial:
- Acción de los Veteranos: Juan Carlos Parodi adelantó que, una vez que la comisión concluya sus audiencias, el Centro de Veteranos de Ushuaia, el de Río Grande y la Confederación de Combatientes de 19 provincias evaluarán los elementos recabados para entablar las denuncias penales correspondientes contra los responsables.
- Sanciones buscadas: Se persigue la sustanciación de causas judiciales que deriven en responsabilidades penales o en la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los funcionarios involucrados.